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A medida que se acerca la negociación del salario mínimo para 2025, la incertidumbre crece entre millones de trabajadores colombianos que esperan un aumento que compense la inflación, sin poner en riesgo sus empleos.
Mientras los sindicatos abogan por un incremento de al menos el 10 %, los empleadores y algunos expertos sugieren que sea más moderado, entre el 5 % y el 6 %.
Ana Gómez, trabajadora en una microempresa de Bogotá, expresó su inquietud: “Es muy difícil vivir con un salario que apenas alcanza para lo básico. Necesitamos un aumento justo, pero también tengo miedo de que la empresa donde trabajo no pueda sostenernos si el incremento es muy alto”.
Su preocupación refleja el dilema que enfrentan tanto empleados como pequeños empresarios.
En este contexto, el decano de la Facultad de Economía de la Universidad Externado, Juan Pablo Herrera, subrayó la complejidad de la situación: “El gran reto es equilibrar el poder adquisitivo de los trabajadores con la sostenibilidad de las empresas, especialmente las MiPymes, que son el motor de la economía y emplean a gran parte de la población”.
Por su parte, el Gobierno, representado por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, propuso un aumento del 6,2 %, lo que elevaría el salario mínimo a $1.380.600.
Según Bonilla, esa cifra busca mantener el equilibrio entre un ajuste significativo y el control de riesgos inflacionarios. “Es importante evitar presiones que puedan aumentar los precios de bienes y servicios, afectando a todos los colombianos”, explicó.
El panorama para la concertación es complicado. Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, la inflación se redujo durante el año, cerrando en octubre de 2024 en 5,41 %.
No obstante, las centrales obreras argumentan que el crecimiento económico y la reducción del desempleo respaldan un aumento más significativo, que permita a los trabajadores recuperar parte de su poder adquisitivo.
Otro factor clave es la alta informalidad laboral, que alcanza el 54 % a nivel nacional y llega al 80 % en algunas zonas rurales.
Herrera advirtió que un incremento desproporcionado podría dificultar la generación de nuevos empleos formales: “Un aumento elevado del salario mínimo podría afectar especialmente a las pequeñas y medianas empresas, lo que terminaría perjudicando a los mismos trabajadores que se busca beneficiar”.
La negociación, que tendrá su primer intento de concertación los días 11, 12 y 13 de diciembre, será crucial para definir el rumbo económico de 2025. Mientras tanto, millones de trabajadores esperan que las partes logren un acuerdo que garantice estabilidad y bienestar para todos los sectores del país.