Imagen: Politécnico Gran Colombiano
La reciente confrontación entre el presidente Gustavo Petro y la periodista Salud Hernández ha generado un debate sobre los límites del lenguaje en el ejercicio del poder y la importancia de garantizar la libertad de prensa en Colombia.
Las declaraciones del mandatario, en las que habría calificado de “franquista” a la comunicadora, han suscitado reacciones divididas entre quienes respaldan la crítica y quienes consideran que el discurso presidencial podría vulnerar el derecho a disentir y opinar.
El origen de la controversia se encuentra en una columna de opinión publicada por Hernández en la revista ‘Semana’, titulada ‘Carta a Antonella Petro’, en la que criticó el respaldo público que la hija del mandatario ha ofrecido a su padre.
A su vez, Antonella Petro respondió con otra carta, y el presidente decidió intervenir en el debate durante la firma de la directiva sobre los deberes de los funcionarios frente a la libertad de prensa y expresión, realizada el 9 de septiembre de 2024.
En ese acto, Petro afirmó: “¿A quiénes matan en Colombia, siendo periodistas? A los que dicen la verdad o la buscan […] A quienes no se puede criticar como si no hubiera libertad de crítica […] incluso por una franquista contra mi hija”.
Estas palabras fueron interpretadas por Hernández como un ataque personal. En su cuenta de X, expresó: “Petro me llamó franquista para insultarme porque, según él, maltraté a su hija en una columna. Lo cual no es cierto”.
El presidente ha sido denunciado ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, con el argumento de que sus declaraciones habrían vulnerado la libertad de prensa.
“El jefe de Estado tiene derecho a la crítica, pero no puede usar su posición para desacreditar a quienes cumplen con su labor de informar”, manifestó Carlos López, abogado constitucionalista, al opinar sobre el caso.
Mientras tanto, desde el círculo cercano al presidente, se ha defendido su derecho a expresar su inconformidad frente a opiniones que considera injustas o calumniosas.
No obstante, sectores de la prensa y organizaciones defensoras de derechos humanos han señalado que estas declaraciones pueden interpretarse como un intento de deslegitimar a los medios de comunicación críticos.
— Salud Hernández-Mora (@saludhernandezm) November 19, 2024
Más allá de las palabras cruzadas, esta polémica pone sobre la mesa una discusión sobre los límites de la libertad de expresión y el rol del discurso presidencial, en un país con altos riesgos para la labor periodística.
En medio de este debate, el país sigue a la espera de una resolución por parte de la Comisión de Acusación, mientras los ciudadanos exigen que se priorice el diálogo respetuoso entre todos los actores del escenario público.
