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La reforma pensional impulsada por el gobierno de Gustavo Petro generará cambios significativos en la manera en que los colombianos administran sus pensiones.
Según la nueva normativa, los trabajadores que ganen más de 2,3 salarios mínimos, es decir, más de $3 millones mensuales, tendrán hasta el 16 de enero de 2025 para elegir un fondo de pensión privado.
De no hacerlo, el gobierno asignará una administradora aleatoria para gestionar sus aportes, lo que ha generado preocupación entre los ciudadanos sobre la falta de control en la selección de su futuro financiero.
Este cambio se inscribe dentro de los esfuerzos por modificar el sistema pensional, que tradicionalmente ha coexistido entre el régimen público de Colpensiones y los fondos privados.
Con la reforma, los colombianos deberán evaluar cuidadosamente las opciones disponibles para asegurarse de que sus ahorros se gestionen de la manera más beneficiosa para su futuro.
En este sentido, el gobierno ha instado a las entidades encargadas de administrar los fondos a ofrecer una mayor transparencia e informar a los cotizantes sobre las alternativas disponibles.
El nuevo decreto también establece las entidades que podrán actuar como administradoras de fondos de pensiones, que incluyen sociedades fiduciarias, compañías de seguros de vida, sociedades comisionistas de bolsa y entidades sin ánimo de lucro, todas supervisadas por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Este enfoque tiene como objetivo reducir la competencia entre el sistema público y los fondos privados, buscando garantizar un crecimiento más sólido para los ahorros de los trabajadores colombianos.
Sin embargo, muchos usuarios temen que la falta de información clara sobre el proceso podría generar incertidumbre sobre su elección.
