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Habitantes de Cali manifestaron su indignación tras conocerse el escándalo de corrupción en la Secretaría de Movilidad, que benefició a más de 300 infractores de tránsito a cambio de dinero.
La Fiscalía General de la Nación informó sobre medidas de extinción de dominio sobre bienes de Sandra Liliana Castañeda Reyes, una exfuncionaria implicada en esta red ilegal que evadía el cobro de multas, perjudicando a los ciudadanos que sí cumplen con las normas.
La Fiscalía detalló que los bienes incautados, un apartamento y un parqueadero valorados en más de $300 millones, habrían sido adquiridos con recursos provenientes de estas actividades ilícitas.
Castañeda Reyes y cinco funcionarios de la Secretaría de Movilidad, identificados como Andrés Quimbayo Rojas, Juan Carlos Peña Rico, Rubén Darío Martínez Hernández, Jesús Antonio Chica Hincapié y Larry Tovar Ortega, están siendo procesados por su presunta participación en esta red de corrupción.
De acuerdo con las autoridades, entre 2019 y 2022, los funcionarios emitieron resoluciones sin fundamento legal que exoneran de multas a 336 infractores, anulando 516 comparendos y afectando el proceso de recaudación de la ciudad.
“En algunos casos, se emitieron resoluciones revocatorias sin sustento alguno, y aparentemente recibieron $103 millones por estas acciones”, señaló la Fiscalía, que imputó cargos de concierto para delinquir agravado, enriquecimiento ilícito, cohecho por dar u ofrecer, y cohecho impropio y propio.
Ninguno de los acusados aceptó los cargos y permanecerán bajo medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.
Este caso, que fue revelado el 14 de junio de 2024, despertó preocupación entre la ciudadanía y la Alcaldía de Cali, que identificó un incremento del 150 % en exoneraciones de multas entre enero y mayo de este año.
Para entonces, desde el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle, CDAV, se alertó a las autoridades sobre el inusual aumento, lo que condujo a la investigación.
La Fiscalía y el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, junto con la Policía Nacional, continúan trabajando para esclarecer el alcance de esta red criminal, y no se descartan nuevas capturas en su esfuerzo por desmantelar por completo esta estructura delictiva que ha afectado a los caleños y comprometido la transparencia de la gestión pública.
