Regulaciones y decisiones del mercado del carbono en la COP29, una ‘papa caliente’

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Imagen: Sirse

El mercado de carbono, una herramienta clave en las políticas climáticas globales, dio un giro significativo en la COP29, celebrada en Azerbaiyán, donde se aprobó un nuevo mecanismo regulado por la ONU, diferenciado del sistema voluntario privado que ha predominado en las últimas décadas. 

Foto: Redes

En un contexto de creciente emergencia climática, reflejada por las devastadoras inundaciones en España y Colombia, las discusiones giraron en torno a cómo los países pueden financiar proyectos para capturar CO2, como la siembra de árboles o la restauración de manglares. 

Sin embargo, el acuerdo ha generado fuertes críticas de organizaciones sociales que denuncian su potencial como una “farsa” para evitar la reducción real de emisiones.

Durante la conferencia, se aprobaron dos documentos clave que marcan el inicio del desarrollo de este mecanismo.

Por un lado, los países respaldaron los requisitos para su implementación y, por otro, la evaluación y el desarrollo de proyectos que podrán generar créditos de carbono bajo el Acuerdo de París. 

Camilo Trujillo, representante para América Latina y el Caribe de la Asociación Internacional de Comercio de Emisiones, IETA, destacó que el sistema ofrece a los países la opción de optar por un mercado regulado por la ONU o por un sistema más abierto, regido por normas menos estrictas. 

IETA

“El acuerdo permite a los países elegir entre un mercado controlado por la ONU (Artículo 6.4) o uno más flexible y menos normado (Artículo 6.2). Este último se asemeja más al mercado voluntario, pero con salvaguardas adicionales como la prevención de la doble contabilidad y la protección de los derechos humanos”, explicó Trujillo.

A pesar de las intenciones de crear una plataforma de cooperación internacional, los mercados de carbono no están exentos de polémica. Organizaciones como ‘Friends of the Earth’ cuestionan la efectividad de este mecanismo, argumentando que se está priorizando la compensación de las emisiones en lugar de su reducción directa. 

“En lugar de reducir las emisiones, lo que los países están haciendo es tratar de compensarlas, lo cual desvirtúa el objetivo central de las negociaciones climáticas”, afirmó la ONG.

 Además, en muchos casos, los proyectos impulsados bajo el sistema voluntario de carbono han sido criticados por no respetar los derechos de las comunidades indígenas, imponiendo contratos en idiomas que muchos no entienden y vulnerando su capacidad de decisión.

Ante estas críticas, Trujillo defendió el mercado de carbono como un modelo en evolución, destacando los beneficios que ha traído, especialmente en regiones apartadas del Sur global.

 “Este mecanismo ha permitido la llegada de recursos económicos a comunidades que, de otro modo, estarían excluidas, ayudando a financiar iniciativas como plantas solares o centros de salud”, puntualizó. 

Sin embargo, reconoció que existen aspectos a mejorar en términos de gobernanza, asegurando que los actores involucrados, tanto privados como públicos, están comprometidos con mejorar el proceso y garantizar que las comunidades y los gobiernos locales tengan un papel central en la toma de decisiones.

Este debate pone de manifiesto las tensiones entre las propuestas tecnocráticas impulsadas por entidades internacionales y las demandas de justicia social y ambiental de las comunidades más vulnerables. 

La COP29, por lo tanto, no solo marca un avance en la creación de un mercado de carbono global, sino también un campo de batalla en la lucha por un futuro sostenible que no deje atrás a las poblaciones más afectadas por la crisis climática.

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